Contaminación invisible y conflictos socioambientales: una breve historia de La Oroya | Alonso Burgos Cisneros
10:52:00 a.m.
Resumen
Este trabajo analiza la
manera como los actores sociales que van surgiendo en la historia de La Oroya
perciben la contaminación ambiental, además busca mapear los conflictos
socioambientales que se han desarrollado en ese proceso histórico y cómo se
origina la naturalización de esa contaminación, la cual ha sido denominada por
el autor de este artículo: la contaminación invisible.
Palabras
clave: La Oroya, minería,
contaminación invisible, Conflictos socioambientales.
Introducción
Siete años
han transcurrido desde que Doe Run fue declara en insolvencia, paralizando
parte de sus operaciones, y han sido cinco desde su paralización definitiva.
Contando con la actual gestión, han sido tres los gobiernos nacionales que han
tenido entre sus manos la posibilidad de dar solución a tan difícil
problemática.
Aunque nuestro
actual Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha manifestado públicamente su
intensión de resolver el problema económico generado (RPP 05/08/2016), en la
práctica la situación de La Oroya sigue siendo la misma: es una de las ciudades
más contaminadas del mundo (The Black Smith Institute, 2007), los niveles de
plomo en la sangre de la población continúan siendo terriblemente altos[1]
y la mayor parte de ellos no ve la
contaminación como un problema que afecte sus vidas.
En dos artículos
anteriores, se hizo mención al concepto de ‘contaminación invisible’, y las
implicancias que tenía para entender el por qué la mayoría de pobladores de La
Oroya no solo eran tolerantes frente a la contaminación sino que incluso la
legitimaban como modo de vida. Este discurso no solo se contrapone al hecho
objetivo de la contaminación ambiental, sino que además estructura el universo
simbólico de sus pobladores y sobre todo legitima el accionar de la empresa Doe
Run. (Burgos, 2011 y 2012).
En el
presente texto intentaremos indagar en la manera que los actores sociales perciben
el problema ambiental a lo largo de su historia, qué conflictos
socioambientales surgieron a partir de estas y cómo se origina el discurso de
la contaminación invisible.
Construcción de la fundición de La Oroya
La historia
de la fundición está vinculada al surgimiento de la primera compañía
transnacional que conoció el Perú: la Cerro de Pasco Copper Corporation (CPC) o
La Compañía –como la conocían los campesinos de la zona y sus mismos
trabajadores– se estableció en 1901 adquiriendo yacimientos y desarrollando una
estrategia de expansión que la llevó a convertirse en el mayor terrateniente de
la sierra central. (Kruijt y Velinga, 1983)
Su primera
fundición, denominada Smelter, se ubicó en Cerro de Pasco; pero en 1919
adquiere las tierras de La Oroya (Municipalidad Distrital de La Oroya, 2012) en
donde tres años después decide construir su moderno complejo metalúrgico (Kruijt
y Velinga, 1983), que desde esa fecha fue el soporte económico más importante
de la provincia de Yauli y la región Junín, así como el más grande del Perú
(Scurrah, Lingán y Pizarro, 2008).
La Oroya
pasa de ser una pequeña población a convertirse en una ciudad de 25 000
habitantes (Kruijt y Velinga, 1983), convirtiéndose en la capital de la
provincia de Yauli en 1925 (Municipalidad
Distrital de La Oroya, 2012) y posteriormente en una auténtica ciudad-empresa (Sulmont
y Valcárcel, 1993: 226). En una época en que no existía la Ley de Ordenamiento
Territorial ni planes urbanos, la única guía para el desordenado crecimiento de
la ciudad parecía ser la necesidad de la CPC de tener a sus trabajadores de
manera permanente en su centro de trabajo (Kruijt y Velinga, 1983).
La Oroya
era una zona habitada por diversas comunidades campesinas que se dedicaban a la
ganadería y la agricultura.[2]
Sin embargo, según Kruijt y Velinga, en solo dos años los humos de la fundición
habían contaminado los principales recursos naturales de la población como los
ríos y las tierras.
“La expansión industrial en La
Oroya provocó serios problemas ambientales: los tres ríos de la Sierra Central
(Mantaro, Rímac y San Juan) se contaminaron, toda la tierra de los alrededores
de La Oroya estaba también contaminada por los minerales liberados durante el
proceso. Para 1924, las comunidades adyacentes, Huaynacanchas, Huay Huay, Huari
y la haciendda Quimilla ya estaban completamente destruidas no quedaba pasto y
el ganado había muerto”. (1983: 54).
Por su parte, el economista Carlos Barrios
(2008) señala que en 1924 se emitieron 32,500 toneladas de gases tóxicos que al
año siguiente originaron la muerte de unos 8,500 vacunos y más de 10 mil
ovinos. Frente a las denuncias de los propietarios, la empresa resolvió comprar
sus tierras, aunque a un valor muy bajo con el pretexto de que estaban
contaminadas. Este episodio fue conocido en la historia peruana como “la
cuestión de los humos” (Kruijt y Velinga, 1983: 54).
Al verse
despojados de sus tierras y habiendo perdido su ganado, los campesinos
terminaron replegándose hacia la periferia de La Oroya antigua (Municipalidad Distrital
de La Oroya, 2012: 22) y encontraron en la fundición como único medio de
subsistencia (Kapsoli y Reátegui, 1987). Años después, la explosión demográfica
de la sierra terminó de transformar a La Oroya, tal como lo atestigua el Sr. Amador
Pérez Mandujano:
Los mismos habitantes de La Oroya
han cambiado, ya que la fundición trajo gente de todos lados, no solamente del
valle del Mantaro, sino también de otras zonas, de Arequipa, de Lima, del sur,
en fin, de todos sitios. Ha traído extranjeros, en La Oroya antes, usted
encontraba norteamericanos, alemanes, japoneses, de todos lados y ellos traen
sus costumbres nuevas, sus formas de vida […]”. (CooperAcción, 2000: 27).
En los años
50, un proletariado consolidado y tecnificado al servicio de la CPC consolida el
Sindicato de Obreros Metalúrgicos de La Oroya (uno de los primeros de su tipo
en el país), bajo la influencia del Partido Comunista Peruano (PCP) fundado por
José Carlos Mariátegui. Este sindicato –junto a los de Casapalca, Malpaso,
Cerro de Pasco, Smelter y otros– organiza el primer Congreso Minero de la
Sierra Central (Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Siderúrgicos del Perú, 2012) y demanda reparaciones por el daño a las tierras
agrícolas (Kruijt & Velinga, 1983).
La nacionalización de la minería y el auge
del movimiento sindical
En 1973,
tras la expropiación a la CPC, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado funda
Centromin Perú y la refinería de La Oroya pasa a ser parte de sus activos. A
pesar de ello, el problema ambiental se sigue agravando, sin que los
involucrados reparen en ello (Scurrah, Lingán & Pizarro, 2008).[3]
En este
periodo también se da un auge del movimiento sindical peruano. En 1969 se consolida la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros y Metalúrgicos del Perú (FNTMMP) –en el marco del I Congreso de
Trabajadores Mineros convocado por la Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP), cuya sede fue La Oroya– y las luchas mineras giraban en
torno a reivindicaciones laborales y salariales bajo los principios del
‘sindicalismo clasista’. (Federación Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, 2012)
A pesar del
desarrollo político y organizativo del movimiento sindical el tema ambiental en
La Oroya casi no estuvo presente en las reivindicaciones de los obreros
metalúrgicos de ese periodo. Prueba de ello, es que no hay documentación alguna
de esa época donde se debata sobre el tema. Ya no había una preocupación, como
antes, por el daño ambiental.
Probablemente,
esto se deba a que la mayoría de obreros que militaban en los partidos de
izquierda de la época y que estaban metidos en la organización sindical, así
como sus dirigentes y cuadros políticos no eran de La Oroya. En su mayoría eran
foráneos destacados a hacer trabajo de base en la zona (Comisión de la Verdad y
Reconciliación, 2003). Por ello, su interés ya no se volcaba a defender los
derechos de las comunidades, sino a velar por sus derechos laborales.
Por su
parte, en los años 80, las mujeres mineras –que generalmente eran las esposas
de los sindicalistas y no podían participar de sus asambleas debido a que no eran
trabajadoras directas y al machismo imperante– organizaron los Comités de Amas
de Casa, constituyéndose en otro importante actor de la zona. (Barrios, 2008:
101-102).
Ellas ponen
en la agenda sindical el tema de la salud, pero orientada a la obtención de
mejores servicios para los trabajadores y sus familias dentro de los
campamentos y ciudades mineras. Sin embargo, tampoco abordaron directamente el tema
de la contaminación ambiental, muy probablemente por la misma razón que sus
esposos.
Legislación ambiental, privatización minera
y accionar de Doe Run
En un
contexto de preocupación internacional por el medio ambiente, en los 90 se
promulgó el Código del Medio Ambiente, se creó la Dirección General de Asuntos
Ambientales (DGAA) dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y se promulgó
el Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades
Minero-metalúrgicas.[4]
En 1991 el
gobierno de Alberto Fujimori decide privatizar Centromin Perú. Para facilitar el
proceso, se fracciona la empresa y la fundición de la Oroya pasa denominarse
Metal Oroya. Esta situación, trajo una serie de cambios sociales y económicos a
la ciudad (Flores, 2012: 12-13). En 1997 se adjudica la fundición a la
transnacional norteamericana Doe Run Perú, que asume los compromisos
ambientales correspondientes heredados de Centromin. Ese mismo año un grupo de
ONG’s fundan el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Yauli-La Oroya (UNES) que
en colaboración con la DGAA y con otras instituciones realizó estudios que
descubrieron los altos niveles de contaminación ambiental existentes.[5]
Por su parte, la empresa trató
de evadir sus compromisos desde el inicio de sus operaciones planteando la
postergación del PAMA en varias ocasiones. Para
contar con una base social, estableció relaciones de clientelismo y
asistencialismo con los sindicatos, las comunidades y la población urbana y
rural de La Oroya (Scurrah, Lingán & Pizarro, 2008). Por este apoyo, se
llegó a considerar a la empresa ‘un mal necesario’, ya que les daba lo que el
Estado nunca les otorgó (Martínez & Albán, 2004).
El 2004 Doe Run consolidó su
poder en la zona, al lograr el apoyo de los sindicatos y el gobierno local, gracias
al discurso de que si no se ampliaba el PAMA se perderían los puestos de
trabajo existentes, lo que causaría la ruina económica de la ciudad (Scurrah, Lingán & Pizarro, 2008). Así, Doe Run logró el 2006 que se amplíe el plazo
de cumplimiento hasta el 2009.
Sin embargo, sucedió lo inevitable: en 2009
estalló la crisis de La Oroya. Doe Run decidió paralizar labores porque sus
proveedores se negaron a dotarla de concentrados, ya que no había cancelado la
deuda que tenía con ellos. Asimismo, los bancos se negaron a darle el crédito
que necesitaba para cancelar lo adeudado (Flores, 2012). Además, el gobierno de
Alan García decidió no renovarle la licencia a la empresa hasta que cumpliera
con la ejecución del noveno PAMA. La empresa adujo no tener dinero para
hacerlo.
Ese año empezaron los cuestionamientos
hacia Doe Run de parte del gobierno, las ONG’s, la iglesia católica y sus
mismos trabajadores por el tema ambiental y laboral. Sin embargo, Doe Run revierte
la situación al pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores, prometiendo que su
apoyo garantizaría la vigencia de sus puestos de trabajo. Es así como Doe Run
se presentó como la única salida para La Oroya haciendo pasar sus intereses
como los de todo el pueblo. (Burgos, 2012)
Además de los sindicatos, como producto de los procesos de
descentralización aparecieron nuevas organizaciones
sociales como la Central de Organizaciones Sociales (COS), el Comité de
Lucha Provincial (CLP) y el Frente de Defensa de La Oroya que respaldaron la
posición de la empresa y que cobraron protagonismo en el conflicto.
La relación que tienen estas organizaciones
con los sindicatos es tensa. Manifiestan que por el egoísmo y personalismo de
los dirigentes, no hay vías de comunicación entre los sindicatos y las
organizaciones de la sociedad civil en la actualidad. A pesar de ello, ambos
manifiestan tener la misma posición cuando se refieren al problema de la
contaminación ambiental: es invento (Burgos, 2011). Lo mismo manifiestan los
pobladores y comerciantes.
Por su
parte, la iglesia católica, las ONG’s y el MOSAO han perdido poder de
convocatoria y son cuestionados por la mayoría de la población que minimizan el
problema ambiental y apoyan la posición de la empresa (Burgos, 2011).
A manera de conclusión
En el
proceso histórico de La Oroya surge una brecha entre la contaminación objetiva
(producto de 90 años de los humos de la fundición sobre las tierras, animales y
gente de La Oroya) y la percepción que los pobladores de La Oroya tienen de la misma.
Los primeros pobladores –principalmente campesinos y trabajadores provenientes
de las comunidades– afectados por la contaminación, en 1922, manejaban un
discurso que cuestionaba la contaminación. Los pobladores actuales han
construido una ideología que ‘invisibiliza’ la contaminación.
En la
historia de La Oroya hubo pocos conflictos que hicieran alusión a la
contaminación. El primero de ellos fue protagonizado por las comunidades
campesinas que habitaron la zona antes de la aparición de la CPC y que querían
que no se contaminen sus tierras, el otro por la primera generación de
sindicalistas de La Oroya que pedían la reparación por daños ambientales a las
tierras de las comunidades. Finalmente, el último fue protagonizado por las
ONG’s y la iglesia católica que pedían que la empresa Doe Run cumpla con sus
compromisos ambientales, quienes a su vez se vieron enfrentados al sindicato de
trabajadores, las organizaciones sociales locales y Doe Run. Este fue el
conflicto socioambiental más grande que tuvo La Oroya, ya que dividió a la
ciudad en dos bandos, polarizando las posiciones existentes y las posible
soluciones. Además, fue el de más larga duración, ya que tuvo sus antecedentes
el 2004, estallando el 2008, durando hasta el 2011, año en el cual se empiezan
a reanudar las operaciones del complejo metalúrgico. El resto de conflictos
existentes fueron referidos a temas laborales, que fueron la prioridad del
sindicato metalúrgico y las organizaciones sociales.
La
contaminación invisible es una ideología que tiene sus raíces en una concepción
industrialista de la naturaleza que prioriza la extracción del mineral y el
enriquecimiento humano, por encima de la salud de las personas (García, 2002).
En ese sentido, comparten esa concepción las empresas que han pasado por la
fundición metalúrgica, los sindicatos obreros y la población que depende del
complejo metalúrgico y que no tiene otro sustento de vida. Esta concepción nace
con el surgimiento del complejo metalúrgico y el paso del universo simbólico
campesino al proletario, con el accionar de La Compañía que contamina y
destruye las tierras de los campesinos y los fuerza a proletarizarse. Se
consolida en los años posteriores con un movimiento sindical que prioriza las
reivindicaciones salariales y las mejoras económicas dejando de lado el tema de
la salud y la calidad de vida. Y termina convirtiéndose en un discurso
legitimador de la empresa Doe Run que aprovechando la poca preocupación del
tema ambiental por los pobladores de La Oroya, logra poner de su lado a los
sindicatos y a la población, ofreciéndoles defender su puesto de trabajo y
mantener activa la ciudad.
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[1] La Dirección General de
Salud de La Oroya (DIGESA) (1999) indicaba que el 99.1% de los niños de esa
ciudad tenían 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro) de plomo en la sangre,
sobrepasando los límites máximos permisibles que la Organización Mundial de la
salud (OMS) establece para los niños, que son 10 ug/dl. Los estudios elaborados
por la empresa Doe Run (actual administradora del complejo metalúrgico) (2001)
y por Cederstav y Barandiarán (2002) llegaron a resultados similares a los de
la DIGESA, además de agregar algunos datos sobre calidad de aire, emisiones
atmosféricas y efluentes líquidos. La Universidad de St Louis de Misoouri
(2005) expuso como resultados que la población de 6 meses a 6 años y de 7 a 12
años era la más afectada, llegando a tener entre 20-44 ug/dl. La población
adulta llegaba a tener niveles por encima de los 45 ug/dl.
[2] Estas eran La Oroya
antigua, Santa Rosa de Sacco, Paccha y Yauli. Las comunidades colindantes eran
Suitucancha, Huay Huay, Huari, Huaynacanchas (en la actualidad tienen la
categoría política de comunidades y distritos de la provincia de Yauli).
[3] Como señala Carhuaricra
basándose en los estudios del investigador Manuel Vizcarra: “El año 1970 (sic),
estudios sobre los efectos ambientales ocasionados por la Fundición de La
Oroya, evidenciaron que los gases SO2 afectaban la vegetación en un área
estimada de 30,200 Has. En 1975 se constató que los gases de combustión
liberados a través de una chimenea de 158.50 m. de altura, ubicada a una
altitud de 4,066 msm, deterioraron 4,000 Has. agrícolas de los valles vecinos y
17,000 Has. de pastos naturales. Estos daños eran causados por la emisión de
dióxido de azufre, plomo y arsénico, cuyos indicadores más evidentes eran la
aparición de especies indeseables de pastos con alto índice de toxicidad, que
no solo afectaban al ganado que lo consume, sino también al organismo humano, a
través del consumo de carnes y otros productos […]”. (1994: 60).
[4] Se instauraron tres
herramientas para fiscalizar la gestión ambiental: i) Los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), ii) los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) y iii) las Auditorías Ambientales (AA). A esto se suma en 1996 el
establecimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones
atmosféricas y efluentes líquidos para la actividad minero-metalúrgica. La
empresa Centromin elabora los lineamientos de su PAMA (Scurrah, Lingán &
Pizarro, 2008).
[5] UNES impulsó la
creación del Movimiento por la Salud de la Oroya (MOSAO), que se convirtió en
el principal defensor del medio ambiente y opositor de la empresa,
estableciéndose una tensa y conflictiva relación entre ambos actores, que
intentaron ganar aliados entre la población, las organizaciones sociales, la
iglesia, las instituciones estatales y no gubernamentales (Scurrah, Lingán
& Pizarro, 2008: 88-89).
Alonso Burgos Cisneros. es Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Estudios Socioambientales por Flacso-Ecuador. Actualmente se desempeña como Investigador Asociado en el Instituto de Estudios Políticos Andinos y como consultor en temas socioambientales.
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