Una mirada a las metodologías utilizadas para medir y gestionar la conflictividad social en Bolivia y Perú* | Julio Chumpitazi y Víctor Falconí
6:30:00 p.m.
Resumen
En la actualidad, es frecuente entre los
especialistas de la región andina resaltar que la conflictividad social también
genera oportunidades de desarrollo a través del diálogo y la concertación,
entre otras estrategias. Sin embargo, este reconocimiento teórico no
necesariamente implica la implementación de metodologías rigurosas para una
adecuada medición y gestión de la conflictividad social en cada país. Esto se
hace especialmente evidente en los casos de Bolivia y Perú, que a pesar de
contar con instituciones especializadas en el tema, se encuentran entre los 3
países latinoamericanos con mayor conflictividad registrada. El presente
trabajo compara las metodologías utilizadas por cada institución (las dos más
importantes de cada país), sus principales resultados y diferencias –en algunos
casos enormes– a nivel de cifras, clasificaciones, definiciones de conflictividad
y estrategia de gestión (tal como se expresan en los documentos de carácter
público que producen: reportes, informes, infografías, mapas, entre otros.),
así como el grado de dependencia de cada una frente a los Estados y gobiernos
respectivos. De esta manera se ha podido establecer que, el grado de laxitud en
dichos procedimientos, se encuentra en relación directa con el grado de
dependencia política y económica de la institución encargada de realizar la
medición frente al Estado o el Gobierno de turno.
Palabras clave: Conflictividad social, metodología, medición,
gestión, Perú, Bolivia.
Introducción
La conflictividad social en los países de la región
andina ha pasado de ser un tema relativamente marginal -en sus respectivas agendas
públicas de la última década del siglo XX-, a convertirse en uno de los
aspectos más dinámicos, resaltantes y determinantes en su respectiva política
nacional desde inicios del presente siglo. Son cada vez más los especialistas
que abordan este fenómeno como una oportunidad para resolver disputas generadas
por las necesidades insatisfechas de una población, utilizando diversas
estrategias de gestión, incluyendo el diálogo y la concertación.
Sin embargo, no en todos los casos este
reconocimiento teórico implica la implementación de metodologías lo
suficientemente rigurosas para garantizar una adecuada medición de la
conflictividad social en cada país. Por el contrario, el grado de laxitud en
dichos procedimientos parece estar en relación directa con el grado de
dependencia política y económica de la institución encargada de realizar la medición
frente al Estado o el gobierno de turno.
Esta correlación se hace especialmente evidente en
los casos de Bolivia y Perú, que se encuentran entre los tres países
latinoamericanos con mayor conflictividad registrada entre octubre del 2009 y septiembre del 2010 (PNUD,
UNIR Bolivia y PAPEP, 2011) quienes comparten lazos históricos, culturales y
una frontera común.
En el primer caso, el tema es
abordado por la
Fundación UNIR Bolivia –institución privada sin fines de lucro, financiada por
la cooperación internacional– y la Defensoría del Pueblo de Bolivia (DPB)
–institución pública, financiada por el Estado Boliviano–. En el segundo caso,
las más importantes son la Defensoría del Pueblo del Perú (DPP) –institución
pública de carácter autónomo, financiada por la cooperación internacional y el
Estado Peruano– y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la
Presidencia del Consejo de Ministros –institución pública directamente
dependiente del Poder Ejecutivo y financiada por el Estado.
Estas instituciones producen documentos de carácter
público (reportes, informes, infografías, mapas, entre otros) que sirven de
insumos para los especialistas y funcionarios de cada país. Sin embargo, las
cifras, clasificaciones y definiciones de conflictividad presentadas por cada
una de ellas difieren –en algunos casos, tremendamente– de lo que presentan sus
pares nacionales.
El trabajo que presentamos a continuación
constituye una suerte de avance, bastante preliminar, del estudio comparativo
que venimos desarrollando para intentar explicar este desfase mediante la
revisión de las metodologías de análisis y gestión de conflictos utilizadas por
las instituciones mencionadas, en función del grado de dependencia de cada una
frente a los Estado y Gobiernos respectivos. Por esta razón nos limitaremos a
tomar el periodo que va de diciembre de 2012 a junio de 2013.[1]
Pero incluso con esta fragmentación inicial, el
escaso espacio disponible en esta presentación resulta insuficiente. Por esta
razón, se ha preferido enfocarnos solo en aspectos generales más importantes
para hacer comprensible esta revisión inicial.
Enfoques para abordar la conflictividad
Tres lustros han transcurrido desde que inició este
vertiginoso proceso, pero la mayoría de personas (desde amas de casa hasta
hombres de negocios) parecen seguir percibiendo al conflicto como una amenaza
para la armonía social y el desarrollo de sus respectivos países, que en
algunos casos deberían confrontarse mediante tácticas represivas en el marco de
una estrategia reactiva.
Desde dicha perspectiva, la armonía social es una
situación inherente a las interacciones entre seres humanos, mientras que la
paz y la tranquilidad serían la norma habitual de convivencia a lo largo de la
historia humana, sin las cuales sería imposible la realización del hombre como
sujeto social y la viabilidad económica del país; por lo tanto deben ser
preservadas a toda costa. Así mismo, la causa del conflicto es unilateral, sus
agentes son sujetos con problemas de adaptación a las reglas sociales, y el
hecho constituye un problema que se debe resolver.
En ciencias sociales, un buen ejemplo de este tipo
de enfoque lo podemos encontrar en el estructural funcionalismo sociológico y
también antropológico, cuyo énfasis en la armonía, el orden estructural y la
funcionalidad de sus componentes, hace que rechace cualquier tipo de elemento
que no pueda ser explicada en esos términos.
Contra esta tendencia de sentido común, desde hace
varias décadas diversos estudiosos han analizado el conflicto y descubierto en
este fenómeno diversas aristas que rompen con esa visión reduccionista. Para
Louis Coser el conflicto constituye “la lucha por los valores y por el status, el
poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean
neutralizar, dañar o sus rivales” (Coser, 1961: 8). Raimond Aron (1964) agrega
como elemento importante a esta definición que la disputa se produce tanto a
niveles grupales como individuales, incluyendo valores (aspectos subjetivos)
considerados mutuamente incompatibles por las partes (Aron, 1964). Por su
parte, Ralf Dahrendorf (1970) –en plena boga de los movimientos marxistas–
manifestó que:
“Las
estructuras de autoridad o dominación tanto si se trata de sociedades completas
como, dentro de éstas, de determinados ámbitos institucionales (p. ej., la
industria), constituyen, dentro de la teoría aquí representada, la causa
determinante de la constitución de las clases y de los conflictos de clase. La
modalidad específica de los cambios sociales de las estructuras provocados por
las clases sociales, impelidas por los conflictos de clases, se basa en la
distribución diferencial de los puestos de autoridad en las sociedades y en sus
ámbitos institucionales. El control de los medios de producción constituye tan
sólo un caso particular de dominación y su conexión con la propiedad privada
legal, un fenómeno, en principio casual, de las sociedades industrializadas
europeas. Las clases no están vinculadas a la propiedad privada, a la industria
o a la economía, sino que, como elementos estructurales y factores causantes de
los cambios de estructura, lo están a su causa determinante: al dominio y a la
distribución de éste. Sobre la base de un concepto de clase, definido en
función a las situaciones de dominio o autoridad, puede formularse una teoría
que abarque tanto los hechos descritos por Marx relativos a una realidad
pretérita, como los relacionados con la realidad evolucionada de las sociedades
industriales desarrolladas”. (Dahrendorf, 1962: 180).
De esta manera, establece la diferencia entre los
conflictos políticos y otros tipos que resultan más acordes con los diferentes
aspectos de la vida social (económicos, étnicos, religiosos, culturales). Poco
después Morton Deutsch y Alain Touraine destacarían su pluridimensionalidad, al
hacer hincapié en que las causas de la conflictividad van más allá de los
aspectos estructurales, implicando también las actividades e intereses de los
individuos que cohabitan una sociedad. (Deutsch, 1973: 3-32 y Touraine, 1965:
9-10)
Estas definiciones se pueden englobar en una
perspectiva que concibe al conflicto como una característica inherente a la
vida social y las relaciones humanas. Esta posición encuentra su forma mejor
acabada en la teoría del conflicto, cuyos estrechos vínculos con la teoría de
juegos la convierten en una buena alternativa para la explicación de este tipo
de fenómenos, aunque por sí misma resulte insuficiente para explicar plenamente
su complejidad (Chumpitazi, 2014).[2]
En todos los casos se concibe al conflicto como un
fenómeno genérico y multidimensional, que no es ni bueno ni malo per se, sino
que puede tener resultados adversos o convertirse en una oportunidad para
iniciar procesos de cambio social que si son bien llevados pueden ser
importantes para lograr objetivos como la justicia social, la equidad y la
inclusión. Entonces, el problema principal estaría en cómo gestionar el
conflicto social.[3]
El caso peruano: DPP vs ONDS
La Defensoría del Pueblo de Perú (DPP), a través de
su Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, fue
una de las primeas instituciones que enfrentó la tarea de clasificar la
conflictividad y medirla estadísticamente. Para ello, comenzó a reunir a través
de sus oficinas defensoriales descentralizadas toda la información disponible
sobe los conflictos acontecidos en diversas partes del país.
El producto de estos esfuerzos ha sido la
publicación mensual del “Reporte de Conflictos Sociales”, que luego de 10 años
sigue siendo la herramienta más utilizada por los especialistas en
conflictividad social de nuestro país (el primer y durante mucho tiempo único
documento oficial de carácter público sobre el tema), probablemente porque sus
características permiten presentar datos más objetivos sobre la situación.
(Díaz et al., 2014)
Sin embargo, durante el primer y segundo año del
gobierno actual (Ollanta Humala), se registraron sucesivos incrementos en la
cantidad de conflictos, siendo una de sus cúspides el conocido conflicto en
torno a proyecto minero Conga. Es en ese contexto que la recién creada Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), emite su primer informe “Willaqniki”, cuyo significado puede
entenderse como “el que avisa” (Andina, 2012); y cuyo objetivo inmediato era
refutar las incómodas cifras defensoriales (ver Gráfico 1).
Gráfico
1. Conflictividad social según DPP y ONDS.
Fuente:
DPP 2014; ONDS 2014. Elaboración: Centro Peruano de Estudios
Interdisciplinarios.
Como se puede apreciar en el Gráfico 1, la
diferencia que mes a mes se observan entre las mediciones de cada institución
resulta abrumadora. Consideramos que esta diferencia se encuentra muy unida al
marco teórico desde el cual se estructura cada informe (Torres, 2013; Ulfe,
2013; Lasheras, 2014), pero también a la metodología que ha escogido cada
entidad para analizar la conflictividad. Una diferencia que va, desde los
métodos para recoger la información, hasta la manera de procesarlos.
En el primer caso, podemos apreciar claramente la
diferencia entre las definiciones que maneja cada institución en el cuadro 2.
Cuadro
2. Definición de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
|
ONDS
|
[…]
un proceso complejo en
el cual sectores de la sociedad,
el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o
necesidades son contradictorios
y esa contradicción puede
derivar en violencia. […] Conflicto y
violencia NO son lo mismo. La violencia es la manifestación
destructiva del conflicto social. (Defensoría, 2014: 3)
|
[…] proceso social dinámico en el
que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se
contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la
otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones
que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y
para cuya resolución, se requiere la intervención del estado en calidad de
mediador, negociador o garante de derechos. (ONDS, 2012: 18 y 43).
|
Fuente: DPP 2014; ONDS 2012. Elaboración:
Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Como se puede apreciar, mientras que la DPP enfoca
la problemática desde su potencial amenaza para la garantía de los derechos
ciudadanos y presenta la violencia solo como una posibilidad; para la ONDS esta
queda supeditada a sus efectos sobre la gestión del Poder Ejecutivo y la
violencia se constituye en su principal indicador (Lasheras, 2014). Todo
aquello que queda fuera de la definición de la ONDS –y que para la DPP sigue
siendo conflicto– pasa a convertirse en “diferencia” y “controversia”. Es así
que las diferencias pasan a ser definidas como “conflicto de juicio u opinión
[…] que ocurre cuando una de las partes considera que la(s) otra(s) ha(n)
llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales”, mientras que las
controversias se vuelven en la “oposición de intereses o posiciones acerca de
un hecho, una acción o decisión”. (ONDS, 2012: 18)
Además del evidente cruce terminológico y
conceptual (por ejemplo, si la controversia no es un conflicto, entonces… ¿por
qué se la define como tal, aunque solo se circunscriba a juicios u opiniones?),
o la falta de complementariedad que podemos encontrar en estas definiciones,
también existen problemas en su aplicación práctica. No son pocos los casos en
que un conflicto registrado como tal, no cumple con los parámetros de la
mencionada definición. (Lasheras, 2014; Torres, 2012; Torres, 2013; y Ulfe,
2013)
El principal efecto de este giro discursivo ha sido
la aparentemente drástica disminución de la conflictividad social, además de señalarle
a los supuestos críticos de la gestión presidencial que simplemente se
equivocan (Torres, 2013). Por otra parte, también encontramos una apreciable
diferencia en el alcance de la muestra que toma cada institución. Para
clarificar mejor este punto, comencemos por comparar la tipología escogida por
la DPP frente a la utilizada por la ONDS para distribuir la conflictividad, tal
como se aprecia en el cuadro 3.
Cuadro
3. Tipología de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
|
ONDS
|
Laborales
|
Laborales
|
Demarcación Territorial
|
Demarcación territorial
|
Cultivo Ilegal de Hoja de Coca
|
Agrarios
|
Socioambientales
|
Minería
|
Comunales
|
Minería informal
|
Asuntos de Gobierno Nacional
|
Energéticos
|
Asuntos de Gobierno Regional
|
Hidrocarburíferos
|
Asuntos de Gobierno Local
|
Hídricos
|
Electorales
|
Otros
|
Otros
|
Fuente: DPP 2014; ONDS 2014. Elaboración:
Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Como vemos, la diferencia no solo radica en la
cantidad (10 tipos la DPP y 9 la ONDS), sino sobre todo en el alcance de la
respectiva clasificación. Si bien ambas instituciones incluyen los tipos
laboral, de demarcación territorial y en parte los agrarios (la ONDS
incluye dentro de ellos a los conflictos por cultivo de la hoja de coca que la
DPP precisa), todas difieren en alcance y definición.
Por esta razón, mientras que el “Reporte Mensual”
de la DPP se enfoca en una clasificación que toma en cuenta el tipo de derechos
vulnerados (al trabajo, a la salud, al voto, etc.), los aspectos sociales y la
competencia en la prestación de determinados servicios (gobierno local,
regional, y nacional); el “Informe Willaqniki” se aboca casi exclusivamente a
los casos sobre los que el Poder Ejecutivo ha tenido o tiene algún nivel de
intervención (PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y
Riego –a través de la Autoridad Nacional de Agua– y el Ministerio del
Trabajo).
Esta diferencia no se puede atribuir solamente al
medio de recojo de información, sino que parece estar en relación a una
estrategia de posicionamiento y visibilización de las acciones que viene
emprendiendo el gobierno central frente a los conflictos sociales. Esto queda
aún más claro cuando vemos la diferencia entre los estados del conflicto social
que cada institución maneja (ver cuadro 4).
Cuadro
4. Estado de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
|
ONDS
|
Activos
|
Resueltos
|
Latentes
|
En Tratamiento
|
Resueltos
|
En Prevención
|
En proceso de diálogo
|
En Seguimiento
|
En Observación
|
Fuente: DPP 2014; ONDS 2012.
Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Mientras la DPP reconoce dos estados de conflicto
en su registro principal (activos y latentes), un estado complementario (en
proceso de diálogo) y dos estados excluyentes (resueltos y en observación); la
ONDS incluye en un solo paquete los cuatro estados que reconoce (resueltos, en
tratamiento, en prevención y en seguimiento) sin hacer distinciones operativas
útiles.
De ambos casos, podemos inferir que el factor
diferencial más apreciable es nivel de protagonismo que adopta el gobierno
central en la gestión de conflictos sociales dentro de cada informe. En ese
sentido, “Willaqniki” también pretendería avisarnos que el gobierno está
trabajando.
Sin embargo, este aviso podría resultar
distorsionado o debatible, ya que en otro giro discursivo bastante hábil,
resulta que los casos resueltos están compuestos -según su nivel a avance en el
diálogo- por: i) Negociaciones concluidas (aquellos realmente resueltos); ii) Avances
importantes a solución definitiva; iii) Inversiones sociales de empresas; iv)
Estudio/implementación de alternativas; v) Movilización de recursos públicos;
vi) Cambios de actitud de la empresa; vii) Inicio de negociaciones.
Por supuesto, el informe no detalla esta división,
pero al revisarlos con exhaustividad se puede encontrar fácilmente la conexión.
Como vemos, no se trata en realidad de casos resueltos (tal vez solo en el caso
de la última fase), sino en el mejor de los sentidos, de casos en proceso de
resolución. (ONDS, 2012: 33)
Finalmente, es importante resaltar el método de
recojo de información que ha elegido cada institución. Para la ONDS, la fuente
para la elaboración del informe es el sistema de información de la ONDS, cuyas
fuentes primarias son “las visitas de campo realizadas por el personal de
la ONDS en el cumplimiento de sus funciones”, teniendo como fuentes secundarias
a la información vertida por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del
Interior – DIGIMIN, así como “los diversos sectores del Gobierno Nacional que
deben abordar los conflictos bajo su competencia, incluyendo aquéllos que
tienen unidades dedicadas al tratamiento de los conflictos (Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Trabajo, Ministerio de la Producción, entre otros)”, incluyendo a la propiaDefensoría
del Pueblo y los medios de comunicación. (ONDS, 2012: 42)
Esta selección parece bastante completa, por lo
menos en términos formales; sin embargo, hay que precisar que el alcance de las
“visitas de campo” resulta bastante restringido debido al tamaño del territorio
que se debe mapear y los recursos humanos y económicos disponibles. Por lo que
hemos podido encontrar hasta el momento, en la práctica, la principal fuente de
información para la elaboración de estos reportes viene de los gobernadores
distritales y provinciales, quienes “avisan” al Ministerio del Interior sobre
la situación de los conflictos locales.[4]
El caso boliviano: UNIR vs DPB
La Fundación UNIR, a través de la Unidad de
Análisis de Conflictos de su Gerencia de Información, Investigación y Análisis
de Conflictos, asumió desde el año 2006 la enorme tarea de “realizar un
seguimiento sistemático de la conflictividad social en Bolivia”. Por su parte,
aunque la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha intervenido exitosamente en
varios conflictos sociales desde su creación (1998) y ha emitido no pocos informes
sobre la conflictividad social en su país a través de su Unidad Nacional de
Prevención y Atención de Conflictos Sociales; apenas desde el año pasado dicha
unidad ha comenzado a emitir reportes semanales sobre la conflictividad en
suelo boliviano.
Como en el caso peruano, entre ambas mediciones
también podemos apreciar un gran diferencia; aunque en este caso resulta aún
más abrumadora que en el anterior, tal como podemos observar en el Gráfico 2.
Gráfico
2. Conflictividad social según UNIR y DPB
Fuente: Defensoría del Pueblo 2014;
UNIR 2014. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Perú,
el marco teórico desde el cual se estructura cada reporte no parece ofrecer una
explicación tan evidente a este desfase. Para entender a que nos referimos,
veamos el cuadro 5.
Cuadro
5. Definición de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
|
DPB
|
[…]
incompatibilidad o percepción de incompatibilidad y desacuerdo de intereses,
fines y aspiraciones entre actores sociales, que es manifestada públicamente
por medio de mecanismos de presión que pueden o no llegar a un enfrentamiento
violento.
(UNIR, 2012: 199)
|
[…] forma de disputa o competencia
entre personas o grupos, que surge cuando los recursos son limitados y la
demanda, alta. Refleja una pugna de intereses, que pasa del escenario
discursivo a los hechos y que puede derivar en acciones de violencia.
[…] proceso complejo, en el que
sectores, el Estado y las empresas privadas que prestan servicios públicos
perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias son incompatibles
o contradictorios. (DPB, N.D.: 15).
|
Fuente: UNIR 2012; DPB N.D.
Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Como se puede apreciar, las definiciones básicas
que manejan ambas entidades coinciden bastante. Ambas ponen énfasis en la
divergencia de intereses, la competitividad, su manifestación pública y la
posibilidad no excluyente de que desaten acciones violentas.
Sin embargo, esta simetría inicial no es perfecta
porque –como es de esperarse– la DPB aplica una segunda definición operativa
que, si bien parece bastante similar a la primera, en la práctica se concentra
en los aspectos relacionados a los derechos ciudadanos y la gestión pública
(ver el cuadro 2).
Por otra parte, también encontramos una apreciable
similitud en la tipología utilizada por cada entidad (10 similares de 16 en
total). Para ver mejor esto, observemos detenidamente el cuadro 6.
Cuadro
6. Tipología de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
|
DPB
|
Medidas
económicas/situación económica
|
Situación /medidas
económicas
|
Laboral/salarial
|
Laboral/seguridad
Social
|
Prestación de servicios
públicos
|
Servicios y obras
públicas
|
Cuestionamiento y/o
reconocimiento de autoridad
|
Gobernabilidad
|
Recursos naturales y
medio ambiente
|
Recursos naturales/
medio ambiente
|
Vivienda
|
Vivienda y avasallamientos
|
Límites
político-administrativos
|
Límites
|
Seguridad ciudadana
|
Seguridad ciudadana
|
Tierra
|
Tierra/territorio
|
Valores/creencias/identidad
|
Identidad e
interculturalidad
|
Gestión administrativa
|
Educación
|
Leyes/medidas legales
|
Autonomías
|
Ideológico/político
|
Transporte
|
Gestión del espacio
urbano
|
Tributo
|
Incumplimiento de
convenios
|
Régimen penitenciario
|
Derechos humanos
|
Salud
|
Otro
|
Coca excedentaria
|
Fuente: UNIR 2011; DPB N.D.
Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.
Sin embargo, son aquellos tipos o clasificaciones
que no se repiten, los que nos dan una señal más clara de la diferencia de
enfoque mencionada con antelación. En el caso de UNIR, los tipos restantes
parecen tener una clara inclinación terminológica y conceptual hacia la
percepción de los actores (públicos y privados) involucrados respecto al
proceso en así. Por su parte, en el caso de la DPB el énfasis parece
encontrarse más bien en el tipo de derechos y servicios de carácter público (principalmente)
que han sido vulnerados y que han generado el proceso. Esto se muestra más
evidente cuando notamos la diferencia entre los estados del conflicto social que
cada institución maneja (ver cuadro 7).
Cuadro
7. Estado de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
|
DPB
|
Latente
|
Latente
|
Manifiesto
|
Temprano
|
Confrontación
|
Pre crisis o
Escalamiento
|
Enfrentamiento Violento
|
Crisis
|
Desescalamiento
|
|
Diálogo
|
Fuente:
UNIR 2012; DPB N.D. Elaboración: Centro Peruano de Estudios
Interdisciplinarios.
UNIR y la DPB reconocen 4 estados de conflicto
básicos que resultan correlativos (ver cuadro 7). De este modo, aunque la
DPB reconoce teóricamente las fases de desescalamiento y diálogo, mientras que
UNIR no; ninguna de ellas desarrolla estos puntos en sus reportes e infografías,
ni siquiera en forma mínima.
Finalmente, esta diferencia tampoco parece poder
atribuirse al medio de recojo de información. Mientras que UNIR (2012) saca la
información “a través de las noticias publicadas en 14 medios de comunicación (12
periódicos de circulación nacional: La Razón, La Prensa, El Alteño, Los
Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, La Palabra del Beni, Correo del Sur, El
Potosí, La Patria y El País; y 2 redes radiofónicas nacionales: Fides y
Erbol)”; la DBP también obtiene su data de monitoreos mediáticos, pero además
incluye los datos proporcionados por el personal de las oficinas defensoriales,
actores del conflicto, entrevistas semiestructuradas, entre otros.
Aparentemente, la selección de la DBP supera a la
de UNIR, por lo menos en términos formales. Sin embargo, esto no parece
reflejarse en la calidad, profundidad y –aparentemente– exactitud de los
respectivos reportes.
Conclusiones
En lo que va de la investigación hemos podido
arribar a las siguientes conclusiones provisionales:
i) Las diferencias en el registro producido por la
DPP y la ONDS para el caso peruano puede explicarse tanto por los enfoques
divergentes en el marco teórico desde el que se estructuran ambos informes,
como también por la divergencias metodológicas manejadas por ambas
instituciones (que diverge sustancialmente).
ii) Por el contrario, las diferencias en el
registro producido por UNIR y la DPB para el caso boliviano, NO puede
explicarse por el enfoque o el marco teórico desde el que se estructuran ambos
informes, como tampoco por divergencias en la metodología manejada por ambas
instituciones (que es bastante similar).
iii) Aunque las constataciones previas solo
permiten establecer como posible hipótesis que la diferencia entre las
mediciones de cada país no guarda relación necesaria con divergencias teóricas
y metodológicas entre las instituciones específicas, también nos brinda un
primer indicio que nos permitiría falsear en el desarrollo posterior de la
investigación: la hipótesis de que el grado de laxitud en dichos procedimientos
se encuentra en relación directa con el grado de dependencia política y
económica de la institución encargada de realizar la medición frente al Estado
o el gobierno de turno.
iv) Aunque la abundancia de referencia al conflicto
como una oportunidad de desarrollo, puede tentarnos a pensar que todos los
informes en los casos peruano y boliviano se guían por un enfoque positivo de
la conflictividad cercano a la teoría del conflicto (con todas las
oportunidades que ello puede brindar a la hora de implementar estrategias
integrales de gestión); por lo menos en el caso del informe Willaqniki, esta se
encuentra más cercana al enfoque negativo, cuya principal preocupación es
resolver el problema que amenaza la paz social. Esto se evidencia tanto en las
tácticas que sigue la PCM como en la prisa por tratar de cambiar la percepción
general del conflicto. Para eso se supone que debería servir el cambio en la
definición.
v) A pesar del enorme esfuerzo que reviste el
producir documentos como los reportes e informes de las cuatro instituciones,
no todos parecen haber calado como fuente de información, por lo menos entre
los investigadores de la conflictividad social. Además de algunas notas de
prensa y entrevistas específicas a los titulares de sus respectivas
instituciones, no se tiene registro hasta el momento de ninguna investigación
profunda que tome como fuente para analizar la conflictividad social tanto al “Informe
Willaqniki” (Perú) y los “Reportes Semanales de la DPB” (Bolivia). Por el
contrario, el Reporte Mensual de la DPP y la Infografía de UNIR (por lo menos,
mientras se producía) sí han servido como fuentes recurrentes para este tipo de
investigaciones.
Bibliografía
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Nacional de Diálogo y Sostenibilidad es ‘trascendental’” Disponible en:
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-creacion-oficina-nacional-dialogo-y-sostenibilidad-es-trascendental-422692.aspx#.Ux_yK_l5OgY,
visitado el 12 enero 2013.
Aron, Raimond (1964). Dieciocho lecciones sobre la sociedad
industrial. Barcelona: Seix Barral.
Chumpitazi, Julio (2015). “Conflictos
sociales desde la PCM: Una revisión de la metodología usada en los informes
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Sociológica, año 1, n° 1.
Coser, Lewis (1961). Las funciones del Conflicto Social.
México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Dahrendorf, Ralf (1962). Las clases sociales y su conflicto en la
sociedad industrial. Madrid:
Ediciones Rialp.
Defensoría del Pueblo de Bolivia
(N.D.). El arte de manejar conflictos.
Protocolo de gestión de conflictos sociales y análisis de casos. La Paz:
Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales. Disponible en:
Defensoría del Pueblo de Bolivia (2014). Reportes Semanales de
Conflictos (junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre). La
Paz: Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales.
Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales
Nº 124. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la
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Nº 127. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la
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Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales
Nº 127. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la
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Notas
[*] El presente artículo es un versión corregida de la ponencia presentada en el III Congreso latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales desarrollado en la ciudad de Quito entre los días 26 y 28 de agosto de 2015.
[1] La decisión de enfocarnos en este periodo para esta presentación en particular responde a que se trata del periodo que mayor avance registra en lo que va del estudio. Sin embargo, su alcance comprenderá los informes emitidos por las instituciones mencionadas, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
[1] La decisión de enfocarnos en este periodo para esta presentación en particular responde a que se trata del periodo que mayor avance registra en lo que va del estudio. Sin embargo, su alcance comprenderá los informes emitidos por las instituciones mencionadas, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
[2] Utilizamos el concepto
científico que define la complejidad como un estado de los sistemas situado en
estrecho margen que separa el orden y el desorden total, caracterizados por la
aparición de propiedades emergentes surgidos a partir de la interacción local
en contextos estructuralmente sencillos, comportamiento no-linealidad, autosimilar a diferentes escalas
y sensible a las condiciones iniciales de su aparición. (Earls, 2011; Díaz et al., 2007 y Reynoso, 2006)
[3] Hemos reseñado los
enfoques convencionales, pero también podemos ver los conflictos sociales desde
un enfoque sistémico que además de los formalismos propios de la teoría de
juegos, puede emplear herramientas de simulación (autómatas celulares, modelos basados
en agentes, etc.) para establecer escenarios probabilísticos resultantes de un
comportamiento adaptativo. Así, el conflicto se convierte en un estado del
sistema que analizamos, caracterizado por la preeminencia de vínculos de
competencia entre algunos de los subsistemas, así como de cooperación entre
otros y al interior de estos, de lo cual emergen propiedades tanto de cohesión
como de dispersión entre ellos. (Chumpitazi, 2014)
[4] Esto pudo ser
comprobado por ambos investigadores durante los trabajos de campo desarrollados
para otros proyectos en las provincias de Antonio Raimondi (Ancash), Huarmey
(Ancash), Abancay (Apurimac), Locumba (Tacna) y Candarave (Tacna). Estos
agentes gubernamentales no habrían
recibido la mínima capacitación sobre técnicas de recojo de información,
realizando este trabajo de modo completamente empírico.
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