Apuntes para una reflexión crítica acerca de las nociones del terror: El caso de los Asháninka en el contexto del Conflicto Armado Interno en el Perú | Juan Enrique Pozada Pineda
6:55:00 p.m.
Resumen
Uno de los sucesos que ha tenido más impacto en la
historia contemporánea de nuestro país es el denominado Conflicto armado Interno (CVR 2003a), desarrollado entre los años
1980, hasta el 2002. Por lo general, este conflicto se ha visto mediáticamente focalizado
a la zona de Ayacucho, dejando de lado para la gran mayoría de la opinión pública
lo ocurrido en otros lugares del país, como por ejemplo los territorios del
pueblo Asháninka. Por este motivo, la
finalidad de trabajo a modo de ensayo corresponde a la intención de ejercer una
opinión más sobre los impactos que generan estas situaciones de conflictos,
pero analizándose la situación y el desenvolvimiento de la población afectada.
En este caso, se pretende brindar una reflexión acerca de las nociones de
terror y terrorismo, no desde el punto de vista jurídico, sino desde una
perspectiva de lectura social en base a documentos etnográficos e históricos
que sustenten la experiencia Asháninka.
Palabras clave: Conflicto armado interno, terror, terrorismo, Sendero
Luminoso, Estado, Asháninka, Perú.
Introducción
Uno de los sucesos que ha tenido más impacto en la
historia contemporánea de la República, sin lugar a dudas, es el llamado Conflicto armado Interno (CVR 2003a)[1], oficialmente desarrollado
entre los años 1980, hasta el 2002. En este conflicto, donde se enfrentaron,
entre tantos las fuerzas del orden del Perú, entre fuerzas armadas y policía,
contra los grupos subversivos denominados “Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso”
(PCP-SL), y “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA). Aunque la cantidad
de actores involucrados, en diferentes formas, es mucho mayor.
Este conflicto ha sido muy mediatizado y utilizado
como arma de disuasión por los grupos conservadores que han monopolizado los
medios de información convencionales. Además, lo más común es focalizar el
conflicto en la zona de Ayacucho, que fue una de las regiones más afectadas y el
lugar donde se perpetró el evento que se asume como el inicio de este proceso: La
quema de ánforas electorales por parte del PCP-SL, en la comunidad de Chuschi,
en el distrito del mismo nombre, de la Provincia de Cangallo.
La participación casi hegemónica de Sendero Luminoso en
el accionar subversivo, ha ocasionado que se eclipse al MRTA y otros grupos de “izquierda
revolucionaria” precedentes, situando en muchas ocasiones a Sendero Luminoso
como sinónimo de la izquierda[2]. La otra cara de la moneda
se contempla en la sobrevaloración de la actuación de las Fuerzas del Orden
(FF.AA. y Policía) -que bajo el rótulo de pacificadores se les asigna un valor que
pretende ser irrefutablemente heroico- y en asumir que los golpes más duros se vivieron en la ciudad de Lima, con los
atentados en Jirón Tarata y en la Emisora de Televisión “Frecuencia Latina”,
plasmando una clara línea de pensamiento hegemónico. Además, existen
vertientes, en donde se pretende ensalzar la imagen de Alberto Fujimori, como
artífice de la captura del líder de Sendero Luminoso[3], Abimael Guzmán Reynoso[4].
Este sesgo ha llevado a que en algunos casos se justifiquen
las violaciones de derechos humanos como un acto propio del accionar defensivo,
por el fin de obtener la pacificación.
Además, genera graves divisiones en la población peruana, puesto que se crean
imaginarios dicotómicos en donde se enfrenta la visión desde Lima contra la de las
zonas más afectadas, las versiones de los actores relacionados con las fuerzas
armadas y policiales contra los actores relacionados a Sendero Luminoso, las visiones
de las víctimas frente a la opinión pública, la de las izquierdas frente a los
grupos conservadores, y la de los fujimoristas contra los anti-fujimoristas. En
el caso de las versiones de las víctimas, casi siempre relegadas, las más difundidas
han sido la de poblaciones ayacuchanas, olvidándose casos de otras regiones que
también sufrieron un grave impacto en este proceso.
En línea con lo anterior, esta parcialidad de los
sucesos históricos recientes, ha motivado que algunos investigadores se
entreguen a la tarea de visibilizar otros casos como el de los pueblos de la Selva
Central, en específico el del pueblo Asháninka[5], que sufrió ataques tanto del
MRTA y Sendero Luminoso (CVR, 2003b, 303), así como de las Fuerzas Armadas,
principalmente, de la Infantería de Marina del Perú.
Por este motivo, la finalidad de trabajo a modo de
ensayo corresponde a la intención de ejercer una opinión más sobre los impactos
que generan estas situaciones de conflictos, pero analizándose la situación y
el desenvolvimiento de la población afectada. En este caso, se pretende brindar
una reflexión acerca de las nociones de terror
y terrorismo, no desde el punto de
vista jurídico, sino desde una perspectiva de lectura social en base a
documentos etnográficos e históricos que sustenten la experiencia Asháninka.
Este objetivo plantea contribuir al debate sobre las nociones de terrorismo y el abordaje de la memoria
histórica de una manera crítica, alternativa a las opiniones políticas y
jurídicas que, muchas veces, parecen plantear un mandato definitorio sobre una
noción que se construye gracias a las interacciones sociales, y a un proceso de
interiorización colectiva, de un capítulo de la historia peruana, que seguirá
generando conflictos intersubjetivos, por lo menos, varias generaciones más.
Percepciones y discrepancias nominales del conflicto
en el Perú
El periodo materia de análisis todavía es terreno de
debate, entre varios aspecto, sobre la denominación más apropiada para
describirlo, con toda la carga semántica e ideológica que ello puede contener. Algunos
grupos políticos hegemónicos han aprovechado esta fragmentación apelando a
recursos de autoridad retóricos para autoproclamarse defensores de la justica y
la democracia, apropiarse de una imagen que pretende posicionarlos como los únicos
enemigos irreconciliables de Sedero Luminoso[6] y conseguir una aparente criminalización
de quienes usan nombres o términos, no acordes sus discursos.
En líneas generales, esto ha llegado a generado la
denominación para este periodo de conflicto, se divida entre tres opciones: 1) el
término “conflicto armado interno”, usado por la CVR y sustentado en una
referencia párrafos arriba; 2) el término “guerra contrasubversiva” o “lucha
contra el terrorismo”, defendido por los grupos señalados en el párrafo
precedente; y 3) el nombre general de “violencia política” o “guerra interna”,
adjudicada recurrentemente por los grupos afines a los subversivos[7].
Una fuente de discrepancias al respecto radica en el
término terrorista, el cual es
adjudicado básicamente a los grupos subversivos. Hay algunos que prefieren un
término menos condenatorio y más político como guerrillero, e incluso algunos que reivindican su accionar los
llaman revolucionarios. Este término
es, con frecuencia una fuente de sesgo, pues se suele excluir la posibilidad de
un terrorismo de estado, por las
flagrantes violaciones a los derechos humanos, lo cual no ha sido reconocido
abiertamente por ningún gobierno peruano[8].
También es controversial el estatus de los grupos subversivos,
por ejemplo, en la CVR, se denomina a Sendero Luminoso como partido político,
debido a que su organicidad presentaba características propias de esta clase de
entidades sociales. Sin embargo, algunos sectores, como por ejemplo el Partido
Aprista, el Fujimorismo y la centro-derecha peruana, niegan rotundamente esta
tipificación.[9]
En cuanto al término de “Violencia Política”, es
demasiado amplio, y es utilizado principalmente a conveniencia de algunos
grupos políticos que tienen cierta reticencia al hablar de terrorismo o de conflicto armado
o lucha armada, términos que se han
empapado de connotaciones subjetivas e incluso son un tabú en algunos espacios.
La inconveniencia de llamar “Violencia Política” solo a este hecho, resulta un
sesgo para otros episodios en la historia de diferentes pueblos fuera y dentro
del Perú. Lo mismo ocurre con el término guerra interna, que puede dar la falsa
idea de una guerra civil.
En el caso del Pueblo Asháninka, se hace evidente al
hacer una breve revisión de su historia, pues este pueblo ha vivido en
constantes situaciones de “violencia política”, tanto antes de la llegada de
los españoles como durante la época colonial. Así mismo, en el periodo
republicano, los Asháninka vivían constantes periodos de hostilidad con ciertos
vecinos como los Piro y Conibo, realizándose correrías, para lo obtención de
personas que hicieran trabajos en una situación similar a la esclavitud para algunos
terratenientes republicanos. (Fabian y Espinoza, 1997: pág. 13), lo cual supone
un hecho de violencia con motivaciones políticas.
Una lectura sobre el terror, y terrorismo a través de
la experiencia colectiva Asháninka
Siguiendo las consideraciones previamente señaladas,
es conveniente hacer una propuesta sobre el conflicto armado desde la
experiencia Asháninka. Según Enrique Rojas Zolezzi (1994: págs. 227-237),
cuando hace referencia al Ovayeri[10]
-una especie de líder en momentos de guerra- si bien la sociedad Asháninka
tiene como característica ser guerrera, no es la guerra un tema medular en la
vida cotidiana Asháninka, como lo es para los Awajún y Wampís, ni tampoco poseen
un ejército profesional o clase guerrera, aunque los varones sí se preparan si
son valoradas las actuaciones talentosas en las luchas y la organización de un
batallón corresponde a este líder guerrero que posee cierto estatus de respeto
en la sociedad.
El enfrentamiento del PCP-SL y el MRTA contra el
Estado (por medio de las Fuerzas Armadas), fue un enfrentamiento de ejércitos
constituidos y profesionalizados. En algunos casos, sobre todo al principio, los
primeros fueron incorrectamente identificados como guerrillas –las cuales actúan con civiles voluntarios sin previa
preparación militar- a pesar que su funcionamiento era de un ejército, con uniformes,
símbolos, preparación militar e incluso financiamiento, además de contar con
estratificación militar. Por supuesto, no era un ejército convencional, sino uno
subversivo y por tanto ilegal si se prefiere: el brazo armado de un partido -en
este caso el Partido Comunista del Perú-SL- sublevado contra el orden estatal,
queriendo imponerse para romper el orden y el paradigma capitalista, y
sustituirlo por otro orden estatal bajo un paradigma “marxista-leninista-maoísta-pensamiento
Gonzalo; en donde el sistema social Asháninka como de otros pueblos del Perú,
tampoco estaba en agenda.
Del otro lado, teníamos a un ejército convencional,
brazo armado del Estado Peruano, que trataba de defender el orden estatal,
evitando el triunfo del PCP-SL y del MRTA –que poseía un objetivo y situación
similar que SL- apoyando en parte el surgimiento de rondas campesinas como los
Asháninka. Sin embargo, dichas rondas no formaron parte de la estructura del ejército,
sino que fueron preparados a modo de comités de autodefensa. Estas rondas
fueron la base que sirvió para la formación de un Ejército de Resistencia
Asháninka constituido por los varones de diferentes comunidades para
defenderse, al principio con lanzas, flechas y otras armas tradicionales, y
posteriormente con armas de fuego y preparación militar, aportadas por el
Estado Peruano. Por eso podemos decir que había cierta desventaja organizativa
desde los Asháninka con respecto a los otros dos ejércitos.
Asumiendo el término terrorismo, fuera de la tipificación oficial, que tienen que ver
con una incursión contra el orden del
estado, tanto los Asháninka como otras poblaciones afectadas, asumen a
estos ejércitos subversivos como terroristas
o terrucos, basándose en la idea de terror, de una irrupción social violenta.
Aunque en el caso de los Asháninka, los infantes de marina, también se
desviaron de su rol protector-defensor, propio de las fuerzas armadas como
fuerzas de defensa nacional, y cometieron actos que pueden ser asumidos, desde
una perspectiva social como terrorismo de
estado, pues estas entidades estatales cometieron irrupción violenta en el
desarrollo convencional de estos pueblos, causando una sensación de terror.
En el trabajo de Beatriz Fabián Arias y Oscar Espinoza
de Rivero (1997), se explica un cambio social del rol de la mujer, debido a que
los hombres se fueron a la guerra, tomando roles que implicaron un fuerte
impacto social, y qué mencionar del desplazamiento forzoso de comunidades
Asháninka enteras, y la desaparición completa de otras, o el secuestro y
cautiverio de pobladores Asháninka en condiciones de degradación sanitaria.
Por eso, es pertinente denominar terrorismo a las acciones de violencia que generan políticas que
son asumidas como desestabilizadoras para el funcionamiento convencional de
dicha sociedad. Considerando este proceso como productor de incertidumbre o
miedo, que se puede expresar de modo simbólico, psicológico o de un modo
concretamente físico. De aquí, se desprenderían los conceptos de etnocidio y
genocidio en sus versiones sistemáticas. La diferencia recaería en quien es responsable
de dicha acción. En este caso, tenemos dos actores de violencia principales,
expuestos líneas arriba, por lo cual podríamos ensayar una tipificación doble: terrorismo subversivo[11] y terrorismo de estado¸ en el contexto del conflicto armado interno.
Por último, una de las consecuencias, además del
exterminio de las comunidades Asháninka cuya población se vio
significativamente diezmada, fue el desplazamiento de los pobladores Asháninka
sobrevivientes no sólo a la periferia del territorio Asháninka sino también a
la ciudad de Lima, provocando una situación de desarraigo y de
desestabilización social.
Estas migraciones forzadas se dieron principalmente
zonas denominadas “invasiones” cuya existencia ha sido sistemáticamente invisibilizada
porque no corresponden a la situación de desplazamientos internacionalmente
convencionales, como son los campos de refugiados o barrios de desplazados con protección
estatal oficial. Peor aún, este proceso viene ocultándose bajo la facha de un
proceso simple de “migración del campo a la ciudad”, término que resulta conveniente
para el aparente objetivo de seguir fomentado el aprovechamiento de recursos
naturales en la Amazonía bajo el enfoque de “tierra vacía”, que por lo menos en
territorios como el Asháninka se asumiría como consecuencia de un acto
voluntario de abandono de las tierras comunales que daría carta libre para la
concesión de terrenos a los inversionistas que piensen explotarlos.
Conclusiones
Esta reflexión toma parte de la experiencia Asháninka
para proponer la apertura de un debate en el que los imaginarios que se han ido
desarrollando, en torno al conflicto armado interno del Perú (1980-2002), pueda
reformularse desde el campo de las ciencias sociales, tomándose en cuenta las
experiencias colectivas en torno a un análisis social. Como se ha podido ver, a
lo largo de esta contribución, el Perú se encuentra encadenado por los paradigmas jurídicos, que pretender brindar una
definición concluyente, incluso con compromisos penales.
Es necesario, que, como nación, el Perú pueda
reformular estas reflexiones y construir una memoria colectiva más amplia que
contemple la mayor cantidad de experiencias colectivas, que considere sus
propios impactos, como en el caso de los Asháninka, cuyas modificaciones
organizacionales son prueba clara de ello. Esto implica, una “apertura de
mente”, para que estas construcciones de imaginarios colectivos, puedan llevar
a una, tal vez lejana, pero deseada reconciliación sin olvidos, ni impunidades,
pero que permitan lograr la paz en un país aún divido por este conflicto.
Bibliografía
Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003a).
Informe Final. Tomo I. Lima: CVR.
Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003b).
Informe Final. Tomo V. Lima: CVR.
Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003c).
Informe Final. Tomo VIII. Lima: CVR.
El Comercio (17/11/2017). FP pide que currículo reconozca
rol de Fujimori frente al terrorismo. Consultado el 02/12/2017. Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-pide-curriculo-escolar-reconozca-rol-alberto-fujimori-frente-terrorismo-noticia-474429
El Correo (25/07/2012). Activista del Movadef de 18
años: ‘No fue terrorismo sino guerra interna’.
Consultado el 01/12/2017.Disponible en: https://diariocorreo.pe/politica/activista-del-movadef-de-18-anos-no-fue-terr-248655/
La República (10/06/2003) Citan a Tapia y Macher.
Consultado el 02/12/2017. Disponible en: http://larepublica.pe/politica/357900-citan-a-tapia-y-macher
Rojas Zolezzi, Enrique (1994). Los Asháninka, un
Pueblo tras el Bosque: contribución a la etnología de los Campa de la Selva
Central Peruana. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.
Fabián Arias, Beatriz y Espinosa de Rivero, Oscar
(1997). Las cosas ya no son como antes: La mujer Asháninka y los cambios
socio-culturales producidos por la violencia política en la Selva Central
[Documento de Trabajo]. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica (CAAAP).
[1]
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), explica sobre este
punto: “En este orden de ideas, en cumplimiento de su mandato, la Comisión de
la Verdad y Reconciliación considera imprescindible, para la calificación de
ciertos actos como crímenes y violaciones a los derechos humanos, la aplicación
concurrente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario. En efecto, los hechos examinados —decenas de miles
de personas muertas en un contexto de violencia armada y varios otros miles de
heridos o mutilados— no pueden explicarse sino por la existencia de un
conflicto armado interno regido sin duda alguna por el artículo 3 común
precitado”(2003a, pág 204)
[2] En
este caso, la utilización de los términos terrorista
o terruco es de amplia e indistinta
aplicación. Esto ha desencadenado que en ocasiones se confunda al MRTA y a SL,
así como otras agrupaciones, extendiéndose amos términos inclusive a todas las
agrupaciones que se asumen como de izquierda,
compartan o no las ideas de las anteriores, o propugnen o no la lucha armada.
[3] En
noviembre del año 2017, la congresista del partido mayoritario en el Congreso
de la República, por el partido del fujimorismo “Fuerza Popular”, Paloma
Noceda, presentó un proyecto de ley que buscaba modificar los textos escolares,
y resaltar la labor “pacificadora” del gobierno de Fujimori y su contribución a
la derrota del “terrorismo”. Además planteaba que en dichos textos se retiren
las menciones a las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de
Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos (El Comercio, 2017)
[4] Esta
captura, acaecida el 12 de setiembre de 1992, es para muchos, el inicio del
declive tanto de Sendero Luminoso, como del MRTA, puesto que sirvió como una
gran victoria moral para las Fuerzas del Orden, como para la población peruana
en general.
[5] Pueblo de
la Amazonía peruana -aunque con cierta presencia en el estado de Acre en
Brasil- ubicados principalmente en zonas pertenecientes a las regiones de
Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Ayacucho, con más de 50 000 habitantes, siendo
uno de los pueblos indígenas amazónicos más numerosos en el Perú (estimando un
18% del total). (Rojas, 1994 y Fabián y Espinosa, 1997: págs. 11-24).
[6] Y por
consiguiente del MRTA, y cualquier grupo, pues la falta de perspectiva crítica
en la opinión pública ha imposibilitado la diferenciación entre grupo y grupo y
sus niveles de responsabilidad. Esos mismos discursos se muestran muy
indulgentes con los sectores de las Fuerzas Armadas que también cometieron violaciones
a los derechos humanos, bajo el argumento de que estos cumplían una “acción
heroica” en guerra.
[7] El MOVADEF
(Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), es una de las
organizaciones en donde los ex integrantes de Sendero Luminoso y sus
simpatizántes, buscan la inserción en la vida política nacional a través de una
posible inscripción como partido político. Esta probable participación resulta
muy controversial en el Perú, despertando muchas voces en contra, debido al
accionar de Sendero Luminoso en el Conflicto Armado interno como uno de los
grupos con mayor responsabilidad en las muertes. En el 2012, fue muy conocida
una noticia en la que jóvenes integrantes de esta organización mencionaban que
el Conflicto Armado Interno era una “Guerra Interna” (El Correo, 2012), este
término es muy difundido en algunos ambientes universitarios, y representa una
gran fuente de debate, pues para algunos, podría significar el reconocimiento
de Sendero Luminoso y el MRTA COMO “más” que terroristas o una organización
delictiva. Además, podemos ensayar que, si el término usado oficialmente es el
de “Guerra”, abre la posibilidad a la firma de un tratado de paz entre las
partes, así como un posible juicio por crímenes de guerra, donde también
estaría involucrado el Estado.
[8] Este
posible reconocimiento, de parte del Estado, no solo sería un reconocimiento
social, sino podría abrir una amplia gama de figuras jurídicas. Esto no es conveniente
para buena parte de la clase política, porque este conflicto abarca los
gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), Alan García Pérez
(1985-1990), Alberto Fujimori (1990-2000) y cierra un proceso de término con
Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo Manrique (2001-2006). Una
aprobación reconocimiento estatal de terrorismo de estado, podría abrir
investigaciones, principalmente para el caso de los tres primeros citados, con
énfasis en el último, que ya fue condenado por crímenes que pueden ser
contenidos en esta tipificación. Incluso, el indulto, realizado el 24 de
diciembre del 2017, podría haber sido el refuerzo para asumir no sólo como
socialmente ilegítimo, sino pugnar con mayores argumentos por su ilegalidad.
[9]
Algunos
políticos como Rafael Rey, sostuvieron sobre un supuesto beneficio de la CVR
para Sendero Luminoso y el MRTA porque "buscan abrirle paso a Sendero
Luminoso hacia la legalidad, al considerarlos partido político cuando se trata
de un grupo de genocidas que no tienen autoridad moral para integrarse al
sistema democrático" (La República, 2003). Mauricio Mulder, del Partido
Aprista, también es uno de los actores políticos que se encuentra en contra de
esta denominación.
[10] Es título
puede atribuírsele a la figura de Alcides Calderón, quien tras la muerte de su
padre Alejandro “el cual emprendió, entre enero y mayo de 1990, una campaña
contra presuntos miembros del MRTA que incluyó un escalamiento de la violencia
en las poblaciones de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución (…)En esa
situación, la presencia del PCP-SL y el MRTA acentuó el clima de deterioro
social e hizo posible un estallido de violencia hasta entonces desconocido
(CVR, 2003b: 303).
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