“...lo normal no demuestra nada, la excepción
lo demuestra todo; no sólo confirma la regla, sino que la regla vive gracias a
ella...”
Carl
Schmitt
Dinámica de variabilidad y creciente complejidad se erigen como características propias de la arquitectura política argentina, esto se explica, en gran medida, por los efectos de las diferentes crisis que se han dado a lo largo de los últimos treinta años. A pesar del tiempo transcurrido, el mapa de las relaciones políticas deja vislumbrar permanentes tensiones y conflictos propios del impacto producido por los cambios sociales, económicos y culturales que determinaron el patrón de integración de una sociedad previa a la crisis. Por lo tanto, se hace necesario determinar los mecanismos de intervención política que pretenden afrontar estos problemas estructurales, principales desafíos de la acción de gobierno.
Un importante incremento,
tanto en expectativas como en demandas de inclusión social, como también,
aludiendo a las cualidades de dicha inclusión, teniendo como ejes: políticas
públicas en salud, educación, empleo y vivienda, se constituyeron en el núcleo
de los últimos diez años. Demandas caracterizadas por una doble dimensión: por
un lado, aquellas atenientes a mejorar los niveles de inclusión social y
equidad, por otro, rehacer pisos históricos en relación a materia de empleo e
ingreso del asalariado.
La intervención del
Peronismo, como fenómeno sociopolítico, ha detentado un progresivo dominio en
los procesos de agregación de demandas socioeconómicas en los últimos
veinticinco años y, en este sentido, ha exhibido con tenacidad una voluntad de
poder y de hegemonía política, aunque ejerciendo en forma alternativa roles de
oficialismo y de oposición. Como resultado de este protagonismo y de su probada
actuación en situaciones críticas, el imaginario político pareciera atribuirle
a este actor la capacidad de garantizar la “gobernabilidad”, en la
medida que ha demostrado eficacia para ordenar con “capacidad de gobierno”[1] en
situaciones de excepcionalidad. A partir de esta descripción, se entiende por
“gobernabilidad” la capacidad del sistema político para preservar el equilibrio
dinámico e inestable, entre las demandas de la sociedad, por una parte, y la
disposición del poder público para adoptar decisiones oportunas y eficaces
(Camou, 2001). Así, analizando estos presupuestos, se podría comparecer a una
conclusión anticipada, en el sentido de considerar al Peronismo como una fuerza
política que consiguió provocar un “quantum” de expectativas favorables en la
sociedad, debido a cierta elasticidad para representar y gestionar las demandas
de los actores colectivos.
Existe basta bibliografía
referida a la naturaleza sociopolítica de Peronismo, en particular, sobre el
vínculo partido – movimiento que hace de la problemática del liderazgo
carismático en la política una cuestión medular. Sin centrarnos en tales
debates, se puede decir que el Peronismo, más allá de diversas experiencias
históricas que ha protagonizado, se caracteriza por una estructura de
movilización social y política cuya práctica reclama liderazgo, como también
por su probada eficacia de promover alianzas contingentes, cimentadas entre
dirigentes con poder territorial y sindical. Así, no parece exagerado afirmar
que, en términos de funcionamiento como estructura de poder, tiende a
manifestarse como una confederación de dirigentes que reconocen en su
capacidad de convocatoria y movilización de actores colectivos la habilidad
para hacerlos partícipes de la dialéctica del poder político.[2]
Coyunturas
de lo excepcional
Con el objetivo de
reflexionar respecto a esta cuestión, se van tener en cuenta tres experiencias
de gobierno que confluyen en un modo de excepcionalidad política, aunque con
resultados asimétricos en términos de sustentabilidad de los ordenamientos
postcrisis:
- Período
1989 – 1991: marca la gestión de la crisis inflacionaria. Carlos Menem.
- Período
2001 – 2002: abarca la crisis del modelo de convertibilidad monetaria.
Eduardo Duhalde.
- Período
2003 – 2007: comprende el primer período del gobierno electo postcrisis
2001. Néstor Kirchner.
Reflexionar respecto a este
escenario permite pensar al Peronismo como usufructuario de la cualidad para
proclamar liderazgos que logran hegemonizar el gobierno de la crisis. La
contracara de esta eficacia se presenta como la característica de obstaculizar
la construcción de escenarios de negociación y búsqueda de consensos con el fin
de consolidar la estabilidad de las políticas que les posibilitaron superar las
situaciones de excepcionalidad. Por “situación de excepcionalidad” vamos a
entender lo opuesto a la “normalidad”, que queda expresado en la observancia de
la legalidad y de las instituciones. A la “excepcionalidad” resulta válido
considerarla como una contingencia que puede configurarse en función de un caso
de necesidad extrema con el fin de preservar la estabilidad del sistema
político.
A partir de lo esbozado
anteriormente, se puede alegar que en “situaciones de excepcionalidad” el
Peronismo ha conseguido restaurar, en diferentes momentos históricos, las
condiciones básicas del orden político y social, estos procesos de
estabilización se construyeron mediante la integración de demandas básicas de amplios
sectores sociales movilizados en respuesta a la crisis. Desde esta
perspectiva, se puede sostener que la intervención, en situaciones de crisis,
de los gobiernos Peronistas hicieron posible la recuperación de niveles de
gobernabilidad cimentados en procesos democráticos.
En este enfoque, no se
pretende situar como núcleo la dimensión ideológica, en lo que refiere a una
lógica entre ideología – práctica política. Mucho menos posicionarse en un
ángulo de observación político institucional en relación a la dinámica de
fortalecimiento de las instituciones de representación. Lo que intento abordar
es el razonamiento en la toma de decisiones en situaciones de crisis, para lo
cual es necesario tener en cuenta tres cuestiones principales:
è Comprensión a la hora de
decidir el momento político de ruptura con el “status quo”.
è Estrategias para definir
antagonistas en la competencia política.
è Voluntad para imponer una
hegemonía fundada en una nueva jerarquía de poder y alianzas.
Adoptar una reflexión
“realista” de este fenómeno nos permite dejar de lado posibles evaluaciones
ideológicas que generalmente plantean situaciones de mayor o menos coherencia
doctrinaria. Ahora bien, esto no impide considerar dentro del eje izquierda –
derecha prácticas de gobierno a fin de trazar fronteras propias en la
estructuración del conflicto de poder entre aliados/opositores y del conflicto
de intereses que desembocará en la oposición beneficiados/perjudicados. Sin
embargo, al examinar los distintos procesos históricos se puede confirmar que
el Peronismo siempre propuso la confrontación ideológica en términos
antagónicos, si bien esta práctica se acerca más a una competencia política de
tipo “agonista”, en términos de Mouffe (2007).
En referencia al liderazgo
expresado, los tres casos evidencian disparidades contextuales: en el primer
caso, evidente ejercicio del poder en clave decisionista posibilitado por el
sostén de la mayoría electoral (1989); en el segundo, un claro déficit de
legitimidad que perjudicaba al gobierno tenía su origen en no haber sido electo
en comicios nacionales sino por una Asamblea Legislativa lo que confluyó en que
el “decisionismo” fuera moderado por necesarias negociaciones con
coaliciones parlamentarias; el tercer caso manifiesta un nuevo decisionismo
político que presentaba como cuestión medular el control del poder público
sobre la economía para asignar recursos para políticas de inclusión social y
desendeudamiento externo.
El primer caso se caracteriza
por la maniobra del presidente Alfonsín que, a fin de evitar una agudización
mayor de la crisis, que se presentaba como inabordable en lo que respecta a la
reconstrucción del sistema político, adelantaba la entrega del Gobierno a las
autoridades electas en 1989. De esta manera, el Peronismo asumía el gobierno en
una “situación de excepción” que precisaba una concentración efectiva
del poder político. Tres problemas centrales constituían la agenda del nuevo
gobierno: primero, anular la capacidad desestabilizadora de ciertos sectores de
las fuerzas armadas; segundo, aplicar un programa de estabilización antiinflacionaria;
tercero, cambiar las condiciones para una renegociación de la deuda externa,
todo esto en un marco de apertura de los mercados a la inversión externa y
reactivación del consumo.
Luego, el 1er de
enero de 2002, con el propósito de dar respuesta a la crisis gestada por la
debacle del sistema de convertibilidad monetaria durante diciembre 2001, otra
administración Peronista volvería hacerse cargo del gobierno. A partir de este
momento, se inaugura un proceso de recuperación de la capacidad reguladora del
Estado sobre la economía y el control de la conflictividad social. El gobierno
del presidente Duhalde tiene como característica propia un escenario de
excepcionalidad que exige disponer una agenda de emergencia ante la crisis: en
primer término, mermar los niveles de conflictividad social que se evidenciaban
en las protestas generalizadas y aumentaba la deslegitimación política; en
segundo lugar, atenuar la emergencia social con políticas subsidiadas de
contención; el tercer ítem consistía en devaluar la moneda para devolverle
competitividad a la economía.
Ipso facto, la presidencia de
Néstor kirchner simboliza la recuperación de la legitimidad de la acción
política, reinstalando el poder público a fin de llevar adelante políticas que
precisaban de la movilización de recursos ideológicos, institucionales y
organizacionales. Configura un proceso que restaura la significación de la
política como capacidad de intervención del Estado y como arena de
confrontación y negociación de los actores de poder.
Paradigma
de la excepción
Tales procesos permiten ser
observados a partir de tres niveles: institucional, de acción política
(negociación y decisión) y de inclusión/exclusión de factores de poder y
actores sociales.
Gobernar la excepción no
constituye una concesión que permita ser caracterizada como el manejo
coyuntural de la crisis, “la excepción califica la decisión, como acción
plenamente soberana”[3],
que admite grados de libertad a pesar de las limitaciones dispuestas por la
coyuntura. Las decisiones que se agotan en el uso coyunturalista, por el
contrario, son decisiones incrementales, que no modifican la dinámica de
intervención de los actores de poder, respetan la correlación de fuerzas, no
generan rupturas y, por lo tanto, no logran afirmar un nuevo ordenamiento
sociopolítico. Las decisiones incrementales tienen como objetivo
corregir el proceso, aunque sin modificar su direccionalidad. En oposición, las
decisiones de ruptura determinan las bases de un nuevo ordenamiento que
establece la inclusión/exclusión de determinados actores. Inclusión/exclusión,
desde el enfoque del “realismo político”, tiene como eje la distinción
amigo/enemigo. Amigos son aquellos cuyos intereses convergen con el destino de
las políticas o son afectados de un modo positivo. Por otro lado, el
antagonista asume el costo de mis políticas, justamente, porque su condición de
enemigo deviene de la oposición radical a mi proyecto político. A su vez, la
exclusión de mi enemigo no remite al campo de acción y de confrontación
política.
En los procesos de crisis que
implican rupturas de orden sociopolítico, se pueden distinguir dos momentos, el
primero refleja las posiciones moderadas, de cambios incrementales,
generalmente de corta duración y condenadas al fracaso. A partir de esta
situación se da lugar al comienzo del segundo momento, fase de características
rupturistas que funda las bases del nuevo ordenamiento socioeconómico y
político. Los gobiernos de Carlos Menen, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner se
erigieron a través de rupturas políticas con el ordenamiento precedente,
determinando nuevas exclusiones e inclusiones de actores sociales y de poder.
Tomando en cuenta lo
expuesto, se puede advertir como el presidente Menem no determina una reforma
profunda desde el inicio de su gestión. En principio pretende un programa de
reactivación y reconstitución del aparato productivo con la esperanza de poder
llevar adelante un modelo desarrollista. La fuerte resistencia de los actores
con poder económico a plegarse a un modelo de desarrollo, cuando se comenzaban
a plantear nuevas condiciones de mercado impuestas por la globalización, tuvo
gran incidencia en la determinación del Gobierno de romper con la orientación
desarrollista. El programa de convertibilidad se posicionó como eje tanto en lo
económico como en lo político, exigiendo un conjunto de políticas públicas
caracterizadas por la escasa injerencia del Estado (privatizaciones y
desregulaciones) que tuvieron como consecuencia la subordinación de la
integración económico – social a las reglas de la competencia del mercado,
definiendo la exclusión de actores sociales.
El 2002 representó una
situación de excepcionalidad observable desde tres dimensiones; en lo político:
acefalía del Gobierno; en lo económico: virtual paralización de la actividad
económica, y en lo social: emergencia ante la imposibilidad de satisfacer
demandas sociales básicas. La situación exigía una ruptura con la
direccionalidad del proceso económico. Esta reorientación drástica de la
política económica se inauguraba con la devaluación, a fin de que el aparato
productivo recuperara competitividad. La crisis detonada durante este tiempo
expuso una fragilidad en la gobernabilidad, caracterizada por la acumulación de
anomalías y tensiones que reflejaban la incapacidad del Gobierno para responder
a las demandas sociales. Así mismo, demostrará el agotamiento del esquema
neoliberal y la necesidad de confrontar la hegemonía del poder financiero que
articulaba con organismos internacionales de crédito. La crisis también
definirá el inicio de un cambio necesario en los patrones de inclusión social,
esto abrirá las puertas a la recuperación del Estado en sus funciones de
regulación y habilitación de un nuevo esquema de intermediaciones con la
sociedad.
La característica del
Gobierno de Kirchner estará dada por su “eficacia decisional” (Bobbio,
Matteucci & Pasquino, 1998) a la hora de llevar adelante decisiones
relevantes que proporcionarán sustentabilidad al cambio de paradigma
prefigurado por la excepcionalidad determinada por la crisis, tal coyuntura
exigía decisiones rápidas y oportunas de parte de la máxima instancia de poder
público; estas urgencias maquinaban contra la oportunidad de convocar a
consensos con los actores de poder, en la medida que todos ellos tenían
responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis. A su vez, se inaugurar
una nueva direccionalidad del proceso político. Esta tarea comprenderá
enfrentamientos con intereses sostenidos por actores con poder de veto
respecto a las decisiones del poder público. Un claro ejemplo de estas
contraposiciones llevada a una situación extrema fue el conflicto con el sector
agropecuario. Recuperación del rol del Estado, imposición de nuevas reglas de
juego orientadas al crecimiento de la economía centrada en el mercado interno y
en la consecuente inclusión de segmentos sociales desplazados, fueron los ejes
del programa de gobierno.
Espectralidad
institucional
¿Tiene el Peronismo capacidad
de gobernar fuera de la excepcionalidad? Esta pregunta se vincula en forma
directa con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, aunque esto
no se puede disociar de las singularidades propias de la sociedad, entre las
que corresponde destacar las grandes contradicciones socioeconómicas que
confabulan contra el desarrollo de un modelo de integración y equidad social.
Por lo tanto, la pregunta que debemos formularnos es ¿qué tipo de
institucionalidad resulta más eficaz a la hora de pensar la sustentabilidad de
las políticas que fueron claves a la hora de superar la crisis?
Dos concepciones son las más
reconocidas: por un lado, quienes consideran que afianzar el orden republicano,
mediante la reconstrucción institucional, y sin menoscabar la expansión
democrática de los últimos años; por otro lado, quienes abogan por la
continuidad de un modelo concentrado – liderazgo – en la decisión política, ya
que solamente de esta manera se garantizan los cambios estructurales que
permiten la cohesión de la sociedad. Ambas alternativas caracterizan a grandes
rasgos las orientaciones discursivas de los actores políticos, es decir, la
“conciencia práctica” que, conforme Guidens, refleja un conocimiento implícito
que los actores ponen en juego en la interacción social.
Las preguntas al principio
formuladas tienden a estar supeditadas a los márgenes de acción que puede
llegar a brindar un próximo gobierno peronista, teniendo en cuenta dos
características que le son muy propias: por una parte, una concepción
“realista” del fenómeno político y, por otra, capacidad de monopolizar la
decisión política para estabilizar desequilibrios originados por la dinámica
que impone la puja de intereses sectoriales. A su vez, el reproche gira en
torno a las intenciones de sobrepasar las reglas y la dinámica de las
instituciones republicanas, lo que va a reforzar aún más, la capacidad del
Gobierno para tomar decisiones y ejercer el poder de una forma más concentrada.
Desde el punto de vista
institucionalista, el Peronismo se ha caracterizado por el manejo discrecional de los arreglos institucionales,
los cuales acaban privilegiando la imposición de intereses sectoriales o
corporativos. Conforme esta perspectiva, que se posiciona como quien vislumbra
las perspectivas democráticas, resultaría cada vez más engorroso la
construcción de acuerdos intersectoriales que reflejen el “interés general”.
Por lo tanto, desde este punto de vista, la gobernabilidad democrática en la
Argentina necesita de actores racionales que orienten sus preferencias hacia la
cimentación de consensos políticos.
Los procesos políticos de la
última década, si se observa el contexto histórico argentino y regional, se
caracterizan por el incremento de las prácticas “decisionistas” en el ejercicio
del poder. Luego de haber estado plenamente vigentes en Latam, imposiciones de
una modernización globalizada que impulsó la doctrina del “Estado mínimo”.
Renovadas expectativas en un mundo que buscaba disimular el papel de la
política en el contexto de “la muerte de las ideologías”, lo cual había
engendrado el sueño de una sociedad sin antagonismos ni sujetos colectivos. La
resignificación de la política como espacio de confrontaciones y de acuerdos
exigió visiones renovadas de la política y de la democracia.
Si se considera al Peronismo
como una fuerza política que se reconfigura, en función de la correlación de
fuerzas e intereses y cuya representación se expresa en la ampliación de
contenidos democráticos, en términos de mayor equidad social, la negociación de
las cuotas de poder en el interior del partido no puede estar separada de la
competencia por los actores colectivos. En el Peronismo no hay un jefe que
determine la arena de la negociación. El factor determinante está constituido
por las cuotas de poder que están en juego y la capacidad para representar las
preferencias de un sujeto colectivo.
Sin embargo, la dinámica de
la conducción política se contrapone a la rigidez de las instituciones formales
y a las restricciones que éstas suelen imponer a los procesos de cambio y de
transformación de las estructuras sociales. En el Peronismo se negocia entre
pares para delegar poder, y la garantía de la negociación es la eficacia en el
ejercicio del poder, tanto hacia adentro del movimiento como del Gobierno (la
eficacia del gobierno es lo determinante antes que el apego a la doctrina).
Algunos
aportes a modo de conclusión
Durante la última década, la
gestión del Peronismo reconfiguró los ejes del modelo de “sociedad de mercado”
por un nuevo paradigma que tiene en su centro la recuperación de la soberanía
de lo político. Esto comprendió desplegar una agenda de consenso que pueda
abordar la dinámica del ejercicio del poder político en un escenario de
creciente confrontación de intereses sectoriales y, a su vez, un programa de
gobierno que, sin dejar de reconocer la complejidad de los problemas a
resolver, se proponga fundamentalmente atender tres cuestiones: 1) constante
crecimiento de demandas de inclusión social que deben ser dirigidas a conseguir
niveles más sólidos de integración socioeconómica. 2) demandas que exigen
decisiones públicas eficientes de corto plazo, pero que también reclaman
intervenciones planificadas de mediano plazo. 3) debilidad de los partidos
políticos que requieren una nueva institucionalidad, a su vez, promover la
formación de dirigentes que superen el “amateurismo político” y el liderazgo
gerencialista. Fragmentación de las opciones políticas, fenómeno que se fue
transformando desde la crisis de representación de los partidos hasta llegar a
la consolidación de las coaliciones partidarias. Éstas deben ser incentivadas a
consolidar alianzas que tiendan a fortalecer el Congreso como un espacio
fundamental de negociaciones y consensos.
Referencias
Bobbio, N.; Matteucci, N.
& Pasquino, G. (1998). Diccionario de ciencia política. México,
Siglo XXI.
Camou, A (Ed.) (2001). Los
desafíos de la gobernabilidad. México; Flacso/IISUNAM.
Laclau, E. (2005). La
razón populista. México; Fondo de Cultura Económica.
Linz, J. J. (1991). La
quiebra de las democracias. Buenos Aires, Alianza Universidad.
Matus, C. (2007). Los tres
cinturones del gobierno. Buenos Aires, Universidad Nac. de la Matanza; Fundación CIGOB; Fundación
ALTADIR.
Mouffe, Ch. (2007). En
torno a lo político. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Elizalde, L.; Fernández
Pedemonte, D. & Riorda, M.; (2006). La construcción del consenso: gestión
de la comunicación gubernamental. Buenos Aires: La Crujía.
Schmitt, Carl (1998). El
concepto de lo político. Madrid, Alianza.
Schmitt, Carl (1985). Teología
Política. Buenos Aires. Ed. Struhart & Cía.
Sidecaro, R. (2002). Los
tres peronismos: Estado y poder económico. Buenos Aires, Siglo XXI.
Notas
[1] ‘capacidad de gobierno’ se define como la combinación de
experticia y liderazgo político que resulta en la capacidad de tomar decisiones
y lograr asentimiento democrático. (Matus, 2010).
[2] Se hace referencia a como los actores populares se sienten
implicados en los espacios de participación que se reconocen en una determinada
modalidad de toma de decisiones, siguiendo los lineamientos de Laclau en “La
razón populista”.
[3] “Soberano es quien decide en el estado de excepción” (Schmitt,
1998)
Gabriel Tolosa. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Argentina.
- 8:00:00 p.m.
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